Afirmar que se intentó envenenar al Presidente de la República implica una tentativa de asesinato, por demás, al Jefe del Estado, lo que también equivale a un golpe de Estado. Es decir, un gravísimo delito penal y una acción de imprevisibles consecuencias políticas.
Por otra parte, se afirma sin desenfado el intento de un organismo de seguridad que no se identifica, de prepararle expedientes a numerosas personas ligadas a un líder político, y que se oponen a la reelección presidencial del actual mandatario.
Pareciera como que estamos perdiendo la cabeza, pues esas denuncias se hacen, porque se sabe que los organismos encargados de la seguridad pública no intimarán a esas personas a que demuestren sus acusaciones, y así la pelota del descrédito sigue cuesta abajo en su rodada. Cordura, señores.